El rompimiento de un dique en construcción en el sector de Santa Anita, municipio de Nechí, abrió las puertas a una emergencia ambiental de proporciones, por el transvase de las aguas del río Cauca hasta la laguna de Ayapel, en el sur de Córdoba.
Las consecuencias ya se dejan ver en fincas ganaderas y en zonas de cultivos, en el Bajo Cauca y la región de La Mojana, mientras que la reacción estatal para enfrentar el problema no se observa.
La denuncia fue hecha por el director de Corantioquia, Luis Alfonso Escobar, quien expresó que la magnitud del problema exige soluciones de alto impacto e inversiones sustantivas. "No estamos para pañitos de agua tibia", agregó.
Puso como ejemplo que se asignaron recursos por 750 millones de pesos para tres proyectos, de 250 millones cada uno, en jurisdicción de Nechí, con los cuales se pretendió resolver el problema de los jarillones, pero no han servido.
No se ha podido taponar el sistema de caño en el sector de Colorado -dijo- y hace una semana se rompió el dique que se construía en Santa Anita.
El malestar de Escobar se apoya en que la situación se había advertido, porque Corantioquia insistió en que se debían montar los proyectos que tienen los diseños científicos y técnicos, aportados gratuitamente por la Universidad Nacional, sede Medellín.
Y contrastó que se trata de necesidades por encima de los 25.000 millones de pesos, cuando el Estado no ha superado aún los 2.000 millones de pesos con sus trabajos.
Un desastre ecológico"La crisis es gravísima, toda la zona hacia Ayapel y parte del municipio de Nechí prácticamente inundada en toda su área productora de arroz, además de un intercambio de aguas del río Cauca con el río San Jorge, que se constituye en un trasvase", advirtió.
La situación ecológicamente es un "desastre gravísimo" para el país, según denunció, pues el boquete abierto tiene el mismo tamaño del ancho del río Cauca.
Para dar su dimensión, comentó que es más grande del que permitió la entrada de aguas por el Canal del Dique, al sur del Atlántico, lo que obliga a mayor cuidado del Gobierno Nacional porque la comunidad de Nechí está incomunicada por vía terrestre. "Esto es increíble", recalcó.
Frente a la situación, el director del Dapard, César Hernández, dijo que se hace una verificación con los comités técnicos y operativos de cada lugar para tener una visión clara. Hay municipios -aseguró- donde "pocas personas están haciendo actos vandálicos, están rompiendo las soluciones".
Un jarillón para cierto grupo de la población, parece una amenaza porque puede quitarles su condición de damnificados. "Los van rompiendo para poder debilitarlos, pero de los que están en construcción en este momento no tenemos reporte", afirmó Hernández, con la sorpresa de que muchas administraciones tardan demasiado para comunicar sus emergencias.
La Procuraduría investiga¿Pero cuáles serían las soluciones? El director de Corantioquia explicó que de acuerdo con los diseños de la Universidad Nacional, se propone una combinación de acciones específicas frente a los "rompederos", de manera fundamental con la utilización de unos sistemas de pentápodos subacuáticos que permitan contener las áreas que están sirviendo de soporte.
Otro elemento es que la ubicación y la forma de "corte" del agua se monte de manera distinta a como se está haciendo ahora, y que la calidad de la obra, es decir que los materiales con que hay que trabajar en los sistemas constructivos, deben interpretarse desde el principio con todos los rigores.
Esto significa que la perforación y el estaconado de todo lo que se debe construir, debe tener profundidades suficientes o equipos pesados para que se logre el objetivo de taponar la fuerza del río Cauca, que en forma constante rompe el dique carreteable, como califica la vía entre Caucasia y Nechí.
Por su parte la Procuraduría General de la Nación notificó que iniciará las acciones que corresponden para determinar si funcionarios del Invías incurrieron en falta disciplinaria por hechos relacionados con aparentes irregularidades y demoras en la ejecución de las obras de contención en Santa Anita.
El organismo puntualizó que a pesar de los requerimientos preventivos de la Procuraduría Delegada para la Descentralización y de la solicitud de diligencia, hoy "se vive un anunciado desastre invernal" en la región de La Mojana, porque las obras iniciadas en el primer semestre de 2011 no han concluido, fuera de que el pasado 16 de abril una creciente del Cauca hizo colapsar cerca de 60 metros de lo que se llevaba construido.
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