Emilse y sus compañeros de invasión se molestaron, porque no les avisaron del desalojo y por la forma como los sorprendieron tan temprano, sin darles tiempo de sacar sus enseres. Se negaron a ir a un albergue.
El personero delegado para Derechos Humanos de Medellín, Jesús Sánchez, indicó que el terreno es del Municipio y es zona de riesgo. Sobre reclamos de que el desalojo fue sorpresivo, explicó que hace dos meses se reunieron con ocho líderes e informaron la decisión. "Hace siete años la violencia me sacó con mi familia de Juntas de Uramita, Cañasgordas, y llegué como desplazada a Medellín. Me inscribí en los programas del Gobierno y me dieron un subsidio con el que pagaba arriendo, pero como se atrasaron, ya le debía a la dueña de la casa en La Cruz, más de un millón de pesos. Entonces con otras 12 desplazadas que tenían el mismo problema, nos dimos cuenta del lote baldío y lo ocupamos. Luego, otras 157 familias se nos unieron y empezamos a hacer banqueos y a levantar las casas. Aquí me metí, con cinco hijos, tres nietos, un yerno y la abuela",
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