El número de reclusos muertos por el incendio declarado el miércoles en la cárcel de Comayagua, en el centro de Honduras, ha ascendido a 377, según el último balance de víctimas difundido por las autoridades.
Esta cifra incluye a los reclusos que han muerto y a aquellos que están desaparecidos, bien porque sus cadáveres todavía no se han encontrado, bien porque han aprovechado el incendio para huir del centro penitenciario.
En cualquier caso, las autoridades han advertido de que la tragedia podría ser aún mayor, ya que el número de fallecidos podría superar los 400.
Aunque los familiares han solicitado que se acelere la entrega de los cuerpos, los médicos forenses ya han advertido de que su identificación podría durar hasta tres días, debido al estado en el que han quedado algunos de ellos. Así, habrá que recurrir a pruebas de ADN, dentales y dactilares.
Los reclusos que han sobrevivido permanecen en los módulos que han resistido el incendio, aunque según las primeras informaciones las instalaciones de la cárcel habrían quedado dañadas en un 50 por ciento. En cuanto a los heridos, han sido trasladados a hospitales de la ciudad de Comayagua.
El incendio se declaró alrededor de las 23.50 horas del martes (6.50 horas del miércoles en España) por causas que aún se desconocen, aunque los investigadores barajan dos hipótesis: que las llamas se propagaron por la cárcel después de que un reo quemara un colchón para darse a la fuga o que su origen sea un cortocircuito.
Si bien, han descartado la primera opción, ya que "incluso los policías ayudaron a los reos a salir al patio", según ha explicado el director de Centros Penitenciarios de Honduras, Danilo Orellano, que ha sido destituido a raíz de este suceso.
Al margen de las conclusiones de la investigación, parece seguro que el hacinamiento de la cárcel ha sido un factor determinante para que el número muertos sea tan elevado. Actualmente, Honduras posee 24 centros penitenciarios con capacidad para 8.000 personas, aunque albergan a 13.000.
La cárcel de Comayagua está ubicada a unos 90 kilómetros de Tegucigalpa, en la carretera que une la capital con San Pedro Sula, el motor económico del país. Allí, los presos se dedican al cultivo de hortalizas y a la cría de cerdos, entre otras actividades.
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