«Un doble problema», como lo calificó, para los afectados. Por un lado, especificó Ruiz Abellán, el propietario o expropietario de la vivienda «no sabe cómo comenzar a construir una nueva casa», ya que se ha quedado sin domicilio y sin dinero por esa supuesta actuación abusiva de los bancos. Y, por otro lado, «de esta forma tampoco hay dinero para reactivar la actividad económica que supone la construcción de nuevas viviendas».
A juicio del Defensor del Pueblo, las entidades financieras deben considerar como garantía hipotecaria el dinero que llega del Consorcio, en lugar de apropiarse de esas cantidades para amortizar las hipotecas que tienen vigente los afectados por el seísmo.
Ruiz Abellán reclama a las entidades de crédito que consideren el dinero del Consorcio en plan finalista, de forma que sirva de garantía de la deuda que tenía el propietario de la vivienda con el banco, «y se lo vayan dando conforme se vaya construyendo la nueva».
Así, apostilló, «solucionamos el problema en los dos sentidos, desde el punto de vista de la reactivación económica que Lorca tanto necesita y de permitirle tener una nueva vivienda al ciudadano».
No son éstas, con todo, las únicas quejas que la institución está empezando a recibir. Otras son las derivadas de la situación de los edificios públicos, «que no han sido recuperados por completo y por lo tanto la actividad que se desarrolla en ellos está siendo precaria».
Ruiz Abellán anunció que ya han recibido, en este sentido, la queja de 47 profesores de un instituto, que piden a la Administración regional que atienda cuanto antes la problemática que existe en el centro. Especifican los docentes que «puede ocasionar problemas tanto en el punto de vista docente, con partes del edificio inaccesibles, como por la posible peligrosidad del mismo».
A pesar de ello, el Defensor del Pueblo asegura que las quejas que recibe de los lorquinos son escasas en relación a la dimensión de la población. Algo que, a su juicio, es normal porque desde que se produjo el terremoto, el pasado 11 de mayo, el pueblo de Lorca «ha estado más preocupado de unos problemas que dependen de la coordinación de las administraciones y su resolución necesita un tiempo razonable».
Las quejas empiezan a llegar ahora, resalta, «puesto que el tiempo pasado ha sido un tiempo de espera, de reuniones de las administraciones y de respuesta de aquellas entidades, como el Consorcio de Seguros y los gobiernos central y regional, a los problemas de los lorquinos». Pero, añadió, no es menos cierto que «aún queda mucho camino por recorrer».
En 2009 y 2010, las quejas de los lorquinos apenas pasaban la veintena, «pocas para la dimensión de su población», incidió el Defensor. Y desde los seísmos que asolaron la ciudad y dejaron nueve fallecidos, también entran pocas quejas con esta problemática.
Según el Defensor del Pueblo, la institución necesita mayor presencia en los medios de comunicación, «que supondrá un mayor conocimiento por parte de la población de Lorca».
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